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La economía sumergida siendo una realidad en España y no parece que este problema tenga fácil solución. Los números de fraude fiscal son muy elevados, estando a la cabeza de la Unión Europea en esta materia. Mientras el gasto público es cada vez mayor, la Administración tributaria busca cada vez fórmulas más restrictivas para la obtención de ingresos.

La economía española remonta, o eso parece. Se puede palpar en el ambiente un sentimiento de esperanza, que unos años atrás parecía perdido. Los ciudadanos españoles empezamos a plantearnos nuevas inversiones, porque volvemos a confiar en un mercado que creíamos nos había fallado.

La Ley General Tributaria, LGT en adelante, debería ser la norma que informe de los principios y de las normas jurídicas generales del sistema tributario español. La voluntad del legislador parecía correcta cuando plasmó en el artículo tres de la LGT los ‘principios de la ordenación de la aplicación del sistema tributario’, entre los que encontramos, sin ser taxativos, los principios de igualdad, justicia, progresividad, no confiscatoriedad, proporcionalidad en la aplicación de los tributos y, a mi juicio el más sorprendente de todos; la limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales.

En la era en la que todas las opiniones valen, y todo el mundo es conocedor, o incluso experto, del derecho tributario y de la fiscalidad aplicable a los futbolistas, empezamos a ver de continuo a personajes públicos en las noticias de las tres, y no precisamente en la sección de deportes o de sociedad.

No hay en España ahora un plan de control tributario contra las lámparas que atraen a los mosquitos. Ni contra los que se llamen Cristiano. No es cierto. Y él no está ahí por llamarse Cristiano. Si se llamara Manolo y hubiera montado distintas sociedades en paraísos fiscales con una estructura sin sustancia también estaría ahí. Si la inspección pensara que Argimiro solo tiene empresas en el exterior para tributar menos también estaría ahí. Nosotros tenemos en el despacho a personas cuyo nombre es tan sencillo como Salvador, Juan, Vicente… y también están ahí.

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.

Todos damos por sentado que los españoles somos iguales ante la ley, y así lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tan iguales han pretendido que seamos que incluso sentaron a nuestra infanta en un caso en el que a nivel penal nada pintaba, rompiendo este aserto constitucional para acallar a los ciudadanos, haciendo una barbaridad jurídica y moral, como así se ha demostrado durante el juicio y probado con la sentencia. Pues bien, esta premisa aún puede quebrar más, como veremos, ya que los españoles no somos iguales frente a la normativa tributaria.

No hay en España ahora un plan de control tributario contra las lámparas que atraen a los mosquitos. Ni contra los que se llamen Cristiano. No es cierto. Y él no está ahí por llamarse Cristiano. Si se llamara Manolo y hubiera montado distintas sociedades en paraísos fiscales con una estructura sin sustancia también estaría ahí. Si la inspección pensara que Argimiro solo tiene empresas en el exterior para tributar menos también estaría ahí. Nosotros tenemos en el despacho a personas cuyo nombre es tan sencillo como Salvador, Juan, Vicente… y también están ahí.