Publicaciones

La Ley General Tributaria, LGT en adelante, debería ser la norma que informe de los principios y de las normas jurídicas generales del sistema tributario español. La voluntad del legislador parecía correcta cuando plasmó en el artículo tres de la LGT los ‘principios de la ordenación de la aplicación del sistema tributario’, entre los que encontramos, sin ser taxativos, los principios de igualdad, justicia, progresividad, no confiscatoriedad, proporcionalidad en la aplicación de los tributos y, a mi juicio el más sorprendente de todos; la limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales.

En la era en la que todas las opiniones valen, y todo el mundo es conocedor, o incluso experto, del derecho tributario y de la fiscalidad aplicable a los futbolistas, empezamos a ver de continuo a personajes públicos en las noticias de las tres, y no precisamente en la sección de deportes o de sociedad.

No hay en España ahora un plan de control tributario contra las lámparas que atraen a los mosquitos. Ni contra los que se llamen Cristiano. No es cierto. Y él no está ahí por llamarse Cristiano. Si se llamara Manolo y hubiera montado distintas sociedades en paraísos fiscales con una estructura sin sustancia también estaría ahí. Si la inspección pensara que Argimiro solo tiene empresas en el exterior para tributar menos también estaría ahí. Nosotros tenemos en el despacho a personas cuyo nombre es tan sencillo como Salvador, Juan, Vicente… y también están ahí.

Cuando estamos acabando de digerir el 720 (declaración sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero), llega el modelo 232 (Declaración Informativa de Operaciones Vinculadas y de Operaciones y situaciones relacionadas con Países y Territorios considerados como Paraísos Fiscales) y, en un futuro no muy lejano, llegará desde Bruselas la obligación de informar sobre operaciones potencialmente abusivas que sean promovidas por intermediarios fiscales establecidos en la Unión europea.

Todos damos por sentado que los españoles somos iguales ante la ley, y así lo establece el artículo 14 de nuestra Constitución, sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tan iguales han pretendido que seamos que incluso sentaron a nuestra infanta en un caso en el que a nivel penal nada pintaba, rompiendo este aserto constitucional para acallar a los ciudadanos, haciendo una barbaridad jurídica y moral, como así se ha demostrado durante el juicio y probado con la sentencia. Pues bien, esta premisa aún puede quebrar más, como veremos, ya que los españoles no somos iguales frente a la normativa tributaria.

No hay en España ahora un plan de control tributario contra las lámparas que atraen a los mosquitos. Ni contra los que se llamen Cristiano. No es cierto. Y él no está ahí por llamarse Cristiano. Si se llamara Manolo y hubiera montado distintas sociedades en paraísos fiscales con una estructura sin sustancia también estaría ahí. Si la inspección pensara que Argimiro solo tiene empresas en el exterior para tributar menos también estaría ahí. Nosotros tenemos en el despacho a personas cuyo nombre es tan sencillo como Salvador, Juan, Vicente… y también están ahí.

Una de las últimas iniciativas aprobadas desde el Parlamento europeo vuelve dirigirse a los grandes gigantes multinacionales, que no son tan gigantes en su contribución a las arcas públicas de muchos paí­ses de la Unión donde se ven mucho sus marcas. Esta vez, se trata de imponer una obligación más de información a todas aquellas entidades que superen la cifra de 750 millones de euros de facturación anual. Dicha obligación va a consistir básicamente en dejar al desnudo sus interioridades fiscales para que, de este modo, todo el mundo sea conocedor de dónde, cómo y cuánto tributan estas empresas. Lo anterior, por supuesto, amparándose en la popular transparencia fiscal que tan en boga está hoy en dí­a.